La Registraduría Nacional acaba de soltar uno de los contratos más jugosos del ciclo electoral colombiano: un acuerdo por 2,1 billones de pesos que pondrá a Thomas Greg & Sons, junto con otras empresas, en el timón de la logística de las elecciones del 2026. Esto incluye biometría, kits electorales, inscripción de candidatos, soporte tecnológico… todo excepto el conteo de votos.
Pero lo técnico no es lo que salta a la opinión pública. Lo que arde es la presencia repetida de Thomas Greg & Sons, empresa cuestionada por el propio presidente Gustavo Petro, quien no confía en los procesos donde esta compañía tiene injerencia. Ya lo dijo claro: le preocupa la transparencia de los comicios. Y el debate se intensifica porque la misma firma también participa en el polémico contrato para expedir pasaportes.
La Registraduría, por su parte, se defiende con argumentos de legalidad: que fue una convocatoria abierta, plural, y con rigor técnico. Pero mientras los tecnicismos llenan los documentos, la ciudadanía se pregunta si este millonario engranaje electoral garantizará elecciones limpias… o si lo que está en juego es mucho más que la logística.
