El presidente Gustavo Petro intensificó su confrontación política con “Fico” (Federico Gutiérrez) al ordenar a la Policía Nacional la disolución de los “grupos de acción directa” de la Alcaldía de Medellín. Petro, que ha calificado a estos gestores de seguridad como una supuesta “agrupación paramilitar”, tomó esta decisión tras los disturbios del 7 de octubre en El Poblado, luego de una marcha pro-Palestina. La orden presidencial surge directamente por la intervención de estos grupos en la disolución de las protestas.
La polémica se centra en las agresiones reportadas: la Alcaldía de Medellín informó que diez gestores resultaron heridos por manifestantes, mientras que la Defensoría del Pueblo documentó agresiones contra dos manifestantes. La actuación de los grupos de acción fue grabada en videos que circularon en redes sociales. La medida de Petro se convierte en un ataque directo a la política de seguridad implementada por la administración de Gutiérrez.
Para justificar su decisión, el presidente utilizó su cuenta de X (Twitter) para acusar a estos grupos de ser herramientas de la “gentrificación” en Medellín, es decir, de “expulsar pobres de sus barrios para hacer edificios y buen urbanismo para ricos”. La ofensiva de Petro no se limita a la disolución de las estructuras de la Alcaldía, sino que incluye la exigencia de que se inicie una investigación penal contra los gestores.
