Gustavo Petro anunció que acudirá al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York pese a tener la visa revocada, estar bajo investigaciones relacionadas con una denuncia presentada ante la Fiscal General de Estados Unidos y figurar en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informó el propio mandatario durante una entrevista con Al Jazeera, en la que afirmó: “Colombia va a ser, desde el primero de enero, miembro del Consejo de Seguridad. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, aunque el gobierno federal no quiera recibirme allí”.
El Departamento de Estado estadounidense justificó la revocación de la visa por las declaraciones previas del presidente durante una manifestación en New York, y afirmaron que la decisión respondía a “sus acciones imprudentes e incendiarias”. La inclusión de Petro en la llamada Lista Clinton de la OFAC suma restricciones que lo afectan a él y a su círculo cercano que le han dificultado operaciones con cuentas internacionales. Además, las autoridades estadounidenses han recibido una denuncia que dio origen a las indagaciones penales en curso. Petro calificó las medidas como una persecución por su postura sobre asuntos internacionales y adelantó que Colombia participará en debates dentro de la ONU sobre conflictos como la crisis en Sudán, y propondrá ceder su escaño a representantes palestinos.
De concretarse el intento de ingreso, el presidente estaría sujeto a la normativa migratoria de Estados Unidos: Al transitar por territorio estadounidense para acceder a la sede de la ONU, podría enfrentar la detención por autoridades migratorias, y de materializarse cargos y condena, la deportación conforme al procedimiento penal y migratorio. El choque entre la voluntad de Petro y las limitaciones impuestas por autoridades estadounidenses abre un escenario de alta complejidad diplomática y jurídica, atribuido mayoritariamente a la irresponsabilidad de tales declaraciones en un marco de relaciones muy deterioradas entre ambos países.
