La derrota del presidente Gustavo Petro en el Senado no solo dejó a su candidata fuera de la Corte Constitucional, sino que desató una ráfaga de acusaciones que sacudieron el tablero político. Desde el extranjero, Petro calificó de “mentirosos sucios” a quienes, según él, excluyeron a María Patricia Balanta por prejuicios disfrazados de institucionalidad. El mandatario no se contuvo: denunció racismo, misoginia y una supuesta estrategia para impedir que la justicia avance hacia una mayor independencia.
Pero el golpe no fue solo simbólico. La elección de Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, como nuevo magistrado, fue interpretada por Petro como un regreso al “duquismo” y al “cartel de la toga”, una acusación que pone en entredicho la legitimidad del proceso legislativo. “El que se elige con métodos corruptos es corrupto”, sentenció, elevando el tono de confrontación y dejando claro que no dará tregua a quienes considera cómplices del clientelismo judicial.
La reacción no tardó en traducirse en consecuencias internas: tres ministros recibieron la orden de renunciar, en lo que parece ser una purga por falta de alineación con la estrategia presidencial. Petro había advertido que esta votación definiría el futuro de su coalición, y ahora, tras el revés, lanza una ofensiva que podría reconfigurar el mapa político. El mensaje es claro: quien no esté dispuesto a confrontar el “fascismo”, como él lo llama, no tiene cabida en su gobierno.
