La Dian se encuentra en un proceso abierto contra Ecopetrol y su filial Reficar, exigiendo el pago del 19% de IVA sobre diésel y gasolina considerados importados (la totalidad de la producción de Reficar al estar en zona franca), una resolución que podría ampliarse de forma retroactiva para 2022, 2023 y 2024 lo que implicaría una deuda de hasta 15 billones de pesos entre ambas compañías. Reficar tendría que emitir un pago inmediato cercano a 550 millones de dólares solo por sus operaciones en 2025, y expertos advierten que la medida responde a una búsqueda de liquidez del Gobierno tras no aprobarse la reforma tributaria.
La Dian ya negó el recurso de reconsideración de Reficar y puede activar un cobro coactivo y embargos que, según informes, dejarían a la refinería operando entre 7 y 18 días por falta de capital de trabajo. Reficar produce 200.000 barriles diarios y emplea 2.300 personas, por lo que una parada generaría riesgo de desabastecimiento en la región del Caribe. Fuentes del sector alertan que un embargo sobre filiales de Ecopetrol por encima de 100 millones de dólares puede ser tomado como evento de incumplimiento por acreedores, obligando al pago anticipado de una deuda que supera los $120 billones de pesos.
El conflicto podría escalar aún más incluso: Se anticipa una segunda medida directa contra Ecopetrol por $7.5 billones de pesos ligada a importaciones de gasolina, lo que le otorgaría a la Dian la capacidad de embargar hasta el 200% del valor reclamado, lo que elevaría posibles embargos combinados hasta los $15 billones de pesos y pondría en la mesa incluso el cierre de campos petroleros. En pleno debate político y electoral, con Gustavo Petro presionando por la venta de los activos de Ecopetrol en Estados Unidos, Colombia enfrenta una tensión que mezcla presión fiscal, riesgo operacional y un posible desabastecimiento de combustible junto a la pérdida de miles de puestos de trabajo.
