Un nuevo giro tras la asignación de abogados públicos en Nueva York
El proceso judicial contra Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, ha alcanzado un punto de inflexión en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York tras la orden del juez Alvin Hellerstein de otorgarles defensores públicos federales (CJA). Esta medida surge de forma inmediata después de que el cuerpo legal privado de los acusados solicitasen retirarse “por falta de pago de honorarios”, según consta en la moción presentada ante el tribunal neoyorquino. La decisión judicial garantiza la continuidad del proceso penal iniciado tras la captura de ambos líderes venezolanos en enero, asegurando que la falta de liquidez en territorio estadounidense no paralice las audiencias programadas.
La salida de la defensa privada, liderada por el jurista Barry Pollack conocido por su defensa del caso WikiLeaks, responde directamente al bloqueo financiero impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Al no contar con fondos lícitos disponibles en la jurisdicción norteamericana para costear su defensal, la asignación de abogados públicos se convirtió en la única vía legal factible para la fiscalía. Ante la falta de recursos procesables, el magistrado fue contundente al señalar que “los acusados deben recurrir al sistema de defensores públicos federales”, rechazando cualquier extensión de plazos para la búsqueda de financiamiento externo que pudiera vulnerar el calendario de la corte.
En el marco del proceso judicial contra Maduro, las autoridades mantienen cargos de extrema gravedad que incluyen narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. El expediente técnico detalla una red de delitos vinculados al narcotráfico internacional, hechos por los cuales ambos procesados ya comparecieron inicialmente. Durante su traslado a Estados Unidos a principios de año, los señalados mantuvieron su postura de inocencia frente a los magistrados, enfatizando que se declaraban no culpables de todas las imputaciones presentadas por el Departamento de Justicia, lo que obliga al tribunal a avanzar hacia la fase de juicio oral con las nuevas representaciones legales asignadas.
El juez Hellerstein descartó los argumentos de la defensa previa, que alegaban una vulneración a la Sexta Enmienda por la imposibilidad de costear profesionales particulares. El abogado Barry Pollack había manifestado que “la imposibilidad de recibir pagos viola el derecho constitucional de los acusados a elegir su propio abogado”; sin embargo, el tribunal determinó que el derecho a la asistencia legal está garantizado mediante la asignación de abogados públicos. Con este cambio de estrategia forzoso, el caso se encamina a una nueva etapa de revisión de evidencia técnica, mientras se espera la fijación de la fecha definitiva para el juicio principal en la metrópoli estadounidense.
