El polémico proyecto de ley que busca imponer un veto a la explotación petrolera
Intentar prohibir el fracking en Colombia es la última jugada política de la administración de Gustavo Petro para condicionar la agenda energética y económica del presidente electo Abelardo de la Espriella. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó la radicación de un proyecto de ley para este 20 de julio, una fecha estratégica que busca bloquear alternativas de desarrollo de hidrocarburos antes del relevo presidencial del próximo 7 de agosto. Al anunciar la polémica medida en el Cesar, el saliente Petro aseguró que “el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas”.
Esta sorpresiva ofensiva en el legislativo busca consolidar un definitivo veto a la explotación petrolera mediante estimulación hidráulica, limitando de entrada el margen de maniobra económica del nuevo gobierno. El saliente jefe de la cartera energética defendió la prohibición descalificando los esfuerzos previos de exploración en el territorio, al afirmar que “durante años se intentó vender el fracking como la solución para el país; incluso hubo gobiernos que impulsaron esa apuesta y fracasaron. Nosotros defenderemos la transición energética y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta práctica ponga en riesgo nuestros territorios y el patrimonio ambiental de los colombianos”. Con esta jugada, el petrismo intenta condicionar el futuro energético y económico del país antes de ceder el poder del Ejecutivo.
Mientras se fragua el andamiaje legislativo para prohibir el fracking en Colombia, la administración saliente utilizó la entrega de 2.494 paneles solares en los municipios de Becerril y Curumaní como plataforma de justificación política. Con una inversión reportada de 36.000 millones de pesos para beneficiar a más de 4.300 habitantes del Cesar, el ministerio busca blindar su narrativa de transición energética frente a los planes de desarrollo del nuevo gobierno. Respecto a estos proyectos, diseñados para generar 1.870 MWh al año y evitar 340 toneladas de dióxido de carbono, Palma declaró en el evento que “la transición energética solo tiene sentido cuando transforma la vida de las personas”.
El apresurado trámite legislativo y las tensiones en la entrega de carteras evidencian una clara intención de obstaculizar el inicio del mandato del Tigre. La falta de articulación quedó expuesta cuando Palma admitió el quiebre de los canales de diálogo bilaterales, señalando que “ante la decisión de la administración entrante de no continuar con los espacios de articulación institucional, la cartera minero-energética mantiene abiertos los canales de información para garantizarle al pueblo colombiano que conozca el estado de la gestión y los desafíos que deberán atenderse en los próximos años”. Esta última jugada de Petro contra El Tigre podría traer consecuencias severas a lo largo de su mandato, limitando una fuente de ingresos considerable y necesaria para compensar el grave desfalco y los compromisos heredados de estos 4 años al nuevo gobierno entrante.
