Investigación revela presunto entramado de contratos públicos en Medellín
Una red de contratación irregular es el foco del expediente que la Fiscalía General de la Nación lidera actualmente contra Miguel Quintero en el departamento de Antioquia. Los investigadores buscan esclarecer la supuesta manipulación en la asignación de recursos públicos dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en un caso que adquiere una alta relevancia política al involucrar directamente al hermano del exalcalde de Medellín y hoy Superintendente de Salud, Daniel Quintero, abriendo un complejo escenario judicial en la región.
La recolección de pruebas incluye chats, audios y correos electrónicos que comprometen a exfuncionarios y particulares en este entramado de contratos públicos. Entre las evidencias clave destaca una comunicación del 28 de marzo de 2020, donde Jorge Liévano, entonces gerente de Metroparques, asegura estar en una reunión virtual con el entonces alcalde. Este tipo de registros resulta determinante para que las autoridades verifiquen si otras figuras de alto nivel tenían conocimiento o participación en los manejos sospechosos del presupuesto.
Las pesquisas apuntan a que las anomalías no se limitaron al AMVA, sino que se extendieron a entidades como el Inder, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y Metroparques mediante el cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía investiga desvíos en convenios millonarios por delitos como peculado, falsedad ideológica e interés indebido en una red de contratación irregular. Los montos bajo la lupa judicial se distribuyen de la siguiente manera:
| Entidad / Objeto del Contrato | Monto Aproximado bajo Investigación |
|---|---|
| Mantenimiento del Parque de las Aguas e infraestructura | 18.000 millones de pesos |
| Convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí | 18.000 millones de pesos |
El proceso judicial avanza con la recuperación de archivos borrados de teléfonos móviles y material fotográfico que robustece el expediente de la Fiscalía. Mientras la justicia determina las responsabilidades definitivas bajo el debido proceso, este entramado de contratos públicos mantiene en silencio a varios de los señalados, quienes aún no se pronuncian de forma oficial. El desenlace de esta investigación marcará un precedente sobre el control de los dineros públicos en las entidades descentralizadas de la capital antioqueña.
