La negociación del salario mínimo para 2026 arranca con fuerte riesgo de quiebre y la posibilidad real de que la decisión quede en manos de un decreto presidencial. El Ejecutivo, liderado por Gustavo Petro, propuso un alza del 11% que elevaría el salario mínimo mensual de 1.423.500 pesos a 1.580.085 pesos, sin incluir subsidios de transporte ni similares, mientras la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) exige mantener ese piso y los gremios y centros de investigación como Fedesarrollo piden un incremento más moderado y consciente, entre el 6% y el 7%. Con la mesa de concertación salarial instalada el 1 de diciembre de 2025 y el primer plazo legal que vence el 15 de diciembre, crece la inquietud de que no haya tiempo para un acuerdo y que Petro fije el salario por decreto antes del 30 de diciembre como le compete si la mesa no es capaz de arrojar un consenso. Este escenario subraya el riesgo de decreto presidencial como desenlace posible.
Las posiciones están distantes y los datos macroeconómicos añaden presión a la negociación. La inflación anual a octubre de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), fue de 5.51% y la productividad total de los factores aumentó 0.91%, cifras que alimentan argumentos contrapuestos: La CUT reclama acercar el ingreso al costo real de la canasta familiar, mientras que la presidenta ejecutiva nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, advirtió que el piso de dos dígitos fijado por el Gobierno de Petro complica la concertación y que un alza de dos dígitos puede encarecer la canasta familiar. En este contexto, la publicación del Índice de Precios al Consumidor de noviembre el 6 de diciembre será determinante para las cifras finales y para evitar que la discusión llegue sin margen al plazo legal.
Los análisis técnicos muestran efectos heterogéneos y riesgos para las pymes y la formalidad laboral. Expertos han señalado que hay que recordar que de cada diez personas en Colombia habilitadas para trabajar; una está desempleada, seis son independientes y solo tres tienen empleo formal. A esto hay que sumarle las cotizaciones al sistema general de salud y pensión, que ronda los 406.000 pesos y que un aumento del 10% la elevaría a 447.000 pesos, afectando la capacidad de cotizar de amplios sectores de la población. Advierten también sobre el impacto en el techo de la Vivienda de Interés Social (VIS) y sobre cómo las cuotas de administración y los costos laborales pueden presionar a las pymes, que representan el 98% del tejido empresarial colombiano, amenazadas actualmente por la posibilidad de que la decisión mediante decreto presidencial se haga una realidad.
Me perdona mi amigo y colega @AntonioSanguino, pero voy a hablar como una persona que siempre ha estado cercana a la clase trabajadora: el aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos. pic.twitter.com/mXebD7WrPL
— Armando Benedetti (@AABenedetti) December 2, 2025
El factor político puede inclinar la balanza: Las declaraciones del Ministro del Interior Armando Benedetti aumentan la tensión. Benedetti, aclarando que no hablaba en representación del Ejecutivo ni del Ministerio del Interior, afirmó en un video que “Voy a hablar como alguien que siempre ha estado del lado de la clase trabajadora, no como ministro. Mi amigo Sanguino se va a molestar, pero el salario mínimo debe subir en dos dígitos”, y añadió que “Diez o más del diez por ciento. Eso es lo justo”. Sus palabras, no serían la primera vez que se pronuncia sobre el tema desde una posición de privilegio sobre una decisión que no le afectaría a él o a su círculo cercano, refuerzan la posibilidad de que la presión política empuje hacia un aumento ambicioso; si la mesa de diálogo no logra consenso, la decisión mediante decreto presidencial quedará como la alternativa final, con consecuencias económicas y sociales que las partes deberán sopesar con urgencia en una economía ya rota.
