Ajustes normativos permitirán licencias para defensa legal en Nueva York
Las sanciones de la OFAC contra Nicolas Maduro han sido reestructuradas por el gobierno estadounidense con el fin de autorizar que el Ejecutivo de Venezuela sufrague los honorarios de los abogados que representan al propio Maduro y su esposa, Cilia Flores. Esta actualización regulatoria permite que el Tesoro norteamericano emita permisos especiales para que los litigantes reciban compensaciones económicas bajo directrices estrictas. Según el documento oficial emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la validez de los movimientos financieros depende de “que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y los pagos autorizados no se deriven de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, marcando un cambio significativo en la gestión de activos bloqueados por Washington.
La implementación de estas licencias para la defensa legal responde a una estrategia para blindar la validez del proceso judicial y evitar reclamos sobre la vulneración de derechos fundamentales. Previamente, el equipo jurídico encabezado por el abogado Barry Pollack había advertido que la imposibilidad de acceder a recursos económicos para la defensa técnica constituía una violación directa a la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ante este escenario, la administración actual flexibilizó su postura para garantizar que el matrimonio pueda elegir libremente a sus representantes, alejándose de la política de bloqueo absoluto que se mantenía por razones de seguridad nacional y política exterior.
El esquema de las sanciones de la OFAC se modifica mientras los acusados, de 63 y 69 años respectivamente, permanecen bajo custodia en un centro de detención federal en Brooklyn. Durante las comparecencias iniciales ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos procesados se declararon no culpables de los cargos que les imputan, los cuales incluyen conspiración para el narcoterrorismo y tráfico de sustancias ilícitas hacia suelo estadounidense. Se estima que, debido a la magnitud del caso, el juicio formal no tendrá lugar antes de uno o dos años, aunque la defensa ahora estaría intentando aplicar una solicitud de juicio rápido que les permita tener una nueva audiencia en los próximos 60 días.
Esta resolución judicial llega tras un análisis del riesgo que representan los detenidos tras su captura en Caracas el pasado mes de enero. El juez Alvin Hellerstein, encargado del proceso, manifestó su escepticismo ante la negativa previa de la fiscalía de permitir los pagos, argumentando que, una vez en suelo norteamericano, los acusados ya no suponían “una amenaza para la seguridad nacional”. La aprobación de las licencias para defensa legal se concretó apenas seis horas después de que los abogados originales notificaron su intención de abandonar el caso por falta de solvencia, lo que habría obligado a la corte a designar defensores públicos para no entorpecer el calendario del juicio que se sigue contra la pareja.
