El penalista Iván Cancino reveló en redes sociales que su oficina rechazó un escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación porque, según su análisis, el 87% del documento fue elaborado con inteligencia artificial sin las citas correspondientes. La decisión derivó en que el juez aún no se pronuncie y dejó en suspenso el trámite procesal debido al caso de nulidad que corresponde a dicha acusación. Cancino advirtió que la Fiscalía debía explicar cómo empleó la IA o incorporar las referencias, porque “no puede utilizar una inteligencia artificial para acusar a una persona, eso no es serio”, y la defensa pidió que se evalúe la validez material del escrito.
La reacción de colegas y expertos aumentó la presión sobre el ente acusador: La abogada Laura Kamila Toro, del Colegio de Abogados Penalistas y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, calificó el hallazgo como “una VERGÜENZA para los procesados que están privados de la libertad” y denunció “una completa irresponsabilidad”, subrayando además la ausencia de Hechos Jurídicos Relevantes claros en el texto y vacíos ya sancionados con nulidad en etapas previas. Para Cancino, la principal falla es la falta de citas y la opacidad en el uso de herramientas automatizadas. Si el juez confirma errores en las referencias o hechos, los redactores podrían enfrentar sanciones administrativas o disciplinarias.
El episodio enciende un debate más amplio sobre ética procesal y control de calidad en la Fiscalía: Críticos sostienen que el uso indiscriminado de IA pone en riesgo garantías fundamentales, aumenta la posibilidad de errores factuales y debilita la confianza pública en las acusaciones. Las voces reclamaron protocolos estrictos, transparencia sobre el grado y la forma de utilización de IA, y mecanismos de supervisión para evitar que herramientas automatizadas sustituyan la labor técnica del fiscal. La decisión final del juzgador determinará si este caso deriva en sanciones y en cambios estructurales en la redacción de escritos de acusación, marcando un precedente en los procesos de justicia colombianos.
