El impacto en la seguridad por la liberación de estructuras criminales
La suspensión de capturas judiciales es la polémica medida impulsada por la administración de Gustavo Petro que el Concejal de Medellín, Santiago Perdomo, ha denunciado públicamente como un riesgo inminente para la estabilidad urbana. Durante sus declaraciones, el cabildante calificó la situación de forma contundente al afirmar que “definitivamente estamos en un gobierno de bandidos para bandidos”, señalando que el intento del Gobierno Nacional por pacificar ciudades principales mediante beneficios judiciales es una estrategia fallida. La denuncia resalta la preocupación por el retiro de autoridades en territorios críticos, donde la presencia del Estado debería ser fortalecida en lugar de debilitada por acuerdos con actores al margen de la ley.
La implementación de esta política de seguridad ciudadana ha sido cuestionada por facilitar la liberación de estructuras criminales bajo la premisa de que los mismos delincuentes actúen como gestores de paz. Perdomo fue enfático al describir la «grandiosa idea» del ejecutivo central como una táctica para “suspender las órdenes de captura, liberar a los delincuentes para que lleven, los delincuentes liberados, seguridad a nuestras ciudades”. Según el Concejal, este enfoque no solo es ineficaz, sino que resulta nefasto para el orden público, permitiendo que figuras vinculadas a la delincuencia organizada retomen influencia en sectores estratégicos de Medellín y Bogotá sin enfrentar consecuencias judiciales inmediatas.
En cuanto al rigor técnico de la medida, la suspensión de capturas judiciales propuesta originalmente por Petro contemplaba un total de 23 órdenes de arresto, aunque la intervención de la Fiscalía General de la Nación logró mitigar parcialmente este alcance. La Fiscal Adriana Camargo determinó que 16 de estos individuos debían seguir bajo el radar de las autoridades, sin embargo, el riesgo persiste para los ciudadanos.
El escenario político actual apunta a que la liberación de estructuras criminales responde a intereses electorales, según citó Perdomo basándose en declaraciones de antiguos aliados del petrismo. El concejal recordó que incluso Roy Barreras manifestó que “esta estrategia era para que los bandidos salieran a hacer política en favor de Cepeda”, lo que refuerza su postura sobre la necesidad de un cambio de mandato inmediato. Como cierre de su denuncia, Santiago Perdomo hizo un llamado a la acción social, asegurando que el país requiere una dirección distinta, pues “Colombia se merece algo mucho mejor” y la salida debe ser ejecutada mediante los mecanismos que otorga la democracia.
