¡Otra vez! Petro suspende las órdenes de captura contra «Chiquito Malo» y sus amigos

Cuestionamientos ante la nueva y polémica medida de impunidad

La suspensión de capturas solicitada por Gustavo Petro para beneficiar a 29 miembros de la organización criminal Clan del Golfo ha generado una profunda alarma social y política. Se ha revelado que el Gobierno nacional emitió una resolución el pasado 29 de abril donde, en palabras del propio documento oficial, el Ejecutivo “acepta un listado entregado por el grupo armado” con el fin de facilitar su tránsito hacia las denominadas Zonas de Ubicación Temporal. Esta decisión, que otorga un respiro judicial a figuras de alta peligrosidad, se ampara en resoluciones previas donde el Gobierno indica que “se autorizó la instalación de un espacio de conversación con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia como grupo armado organizado”, lo cual es visto por diversos sectores como una concesión excesiva ante el crimen organizado.

El traslado de estos sujetos está previsto para el próximo 25 de junio, centrando su reubicación en los municipios de Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó). Esta polémica medida de impunidad no solo limita el accionar de la justicia ordinaria, sino que intenta revestir de legalidad el movimiento de delincuentes bajo un esquema de coordinación con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Entre los nombres protegidos por este blindaje administrativo sobresale Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo«, máximo cabecilla de la estructura. Resulta paradójico que mientras el Estado colombiano busca este acercamiento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos califica a dicha agrupación como “una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros”, cuya principal actividad es el tráfico internacional de estupefacientes y el ejercicio de la violencia contra civiles y militares.

Dentro del cuestionado proceso de suspensión de capturas, la resolución gubernamental detalla una lista de personas que dejarán de ser perseguidas temporalmente por las autoridades. El documento oficial del Gobierno es explícito al señalar que, dentro de estos acercamientos, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición”, lo que supone un golpe a la cooperación judicial internacional. A continuación, se presenta la relación de los individuos que se verían beneficiados por este cese de la acción penal, permitiéndoles una movilidad amparada por el Ejecutivo:

La proyección de este escenario plantea serias dudas sobre el futuro de la seguridad nacional, ya que esta polémica medida de impunidad se justifica bajo la política de paz, pero entrega beneficios directos a una red acusada de atentados terroristas y control territorial ilegal. Aunque el Gobierno argumenta que el procedimiento busca el desmantelamiento de estructuras de alto impacto, la resolución advierte que la validación de los integrantes se basa en la buena fe de lo recibido por el Alto Comisionado para la Paz. Mientras la Casa de Nariño defiende estos diálogos políticos y acercamientos para el sometimiento, el contraste con la realidad de una organización responsable de ataques contra la fuerza pública deja en entredicho si estas zonas de ubicación serán realmente un paso hacia la paz o un refugio legal para quienes operan al margen de la ley.