Restauración del control administrativo tras fallo judicial antioqueño
La Suspensión de intervención a Savia Salud fue ratificada por la justicia administrativa regional en Antioquia tras hallar vicios sustanciales en el debido proceso ejecutado por la Superintendencia Nacional de Salud. El Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que la medida cautelar de toma forzosa carecía de los fundamentos técnicos y legales requeridos, ignorando los lineamientos de la Corte Constitucional establecidos en la Sentencia SU-277 de 2025. Según el magistrado ponente, la autoridad de vigilancia se limitó a señalar indicadores financieros críticos sin considerar si estos eran producto de la gestión interna o de las deficiencias estructurales que padece el sistema sanitario colombiano en su conjunto.
De acuerdo con el fallo judicial antioqueño, la Superintendencia omitió variables externas determinantes como la insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la mora en los desembolsos de los denominados Presupuestos Máximos. La decisión judicial subraya que no se puede intervenir una entidad sin realizar un diagnóstico previo del entorno general, tal como lo exige la jurisprudencia de la Sentencia T-760 de 2008. Al respecto, el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el procedimiento del Gobierno Nacional como una acción hostil, asegurando que “Se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos”, lo que pone de manifiesto la falta de rigor técnico en la decisión estatal.
La evidencia técnica presentada en la suspensión de intervención a Savia Salud expone un agravamiento drástico de los estados financieros durante el periodo de control gubernamental. Los accionistas (la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama) recibirán una entidad con un patrimonio neto significativamente más erosionado que al inicio de la intervención en el año 2022. El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue enfático al señalar que el deterioro patrimonial alcanzó un 264%, afirmando que “La intervención, en vez de mejorarles la salud a mis paisanos, la agravó”.
El restablecimiento del orden institucional derivado de este fallo judicial antioqueño inicia un proceso de empalme obligatorio de diez días hábiles para la restitución de bienes y operaciones. Esta transición debe garantizar, por encima de cualquier trámite administrativo, la continuidad ininterrumpida en la prestación de servicios de salud para los afiliados. El Gobernador advirtió que la recuperación de la entidad vendrá acompañada de una fiscalización exhaustiva, sentenciando que “ningún gobierno está por encima de la Constitución, por más poderosos que se crea”. Por su parte, el mandatario de Medellín anunció que tras recuperar la operatividad “haremos una auditoría. Van a pagar por todo lo que hicieron ante la Justicia”, sentando un precedente legal sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la gestión de la salud privada y mixta.
