El Tribunal Superior de Medellín ordena a las autoridades competentes garantizar los recursos para la consulta popular sobre el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. En un fallo de segunda instancia fechado el 20 de diciembre de 2025, la Sala Primera de Decisión de Familia confirmó la Sentencia No. 337 que ampara el derecho a la conformación del Área Metropolitana y fijó un plazo máximo de tres meses para que la consulta se realice; además, dispuso que el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional del Estado Civil actúen de forma coordinada para asegurar recursos y trámites necesarios. El pronunciamiento subraya que la participación ciudadana es un derecho constitucional que no puede quedar supeditado a dilaciones administrativas.
La decisión judicial responde a la falta de coordinación que puso en riesgo el ejercicio democrático. Mediante la Sentencia No. 337, el Tribunal concluyó que la inacción entre el Ministerio de Hacienda y la Registraduría había vulnerado el derecho a la conformación del Área Metropolitana, al impedir que los municipios convocados pudieran decidir en condiciones materiales y temporales adecuadas. Por ello, el fallo ajustó la orden inicial y exigió trámites administrativos y presupuestales armónicos para garantizar la consulta, reiterando que la democracia no puede suspenderse por trámites burocráticos.
El Tribunal Superior de Medellín ordena además mantener a la Registraduría vinculada al proceso y advierte sobre posibles sanciones. A diferencia del primer fallo, la Sala precisó que la garantía efectiva del derecho a la conformación del Área Metropolitana exige la actuación conjunta y responsable de todas las entidades involucradas; el incumplimiento de lo ordenado podrá acarrear consecuencias legales. En palabras de Eugenio Prieto Soto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, “La democracia, como esencia del Estado Social de Derecho, se respeta, se cuida y se mantiene abierta”, una afirmación que el Tribunal tomó en cuenta al priorizar la protección del derecho de participación.
El fallo abre la puerta para que los ciudadanos de ocho municipios decidan sobre su integración metropolitana. La consulta popular convocará a residentes de Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro, La Unión, Guarne, El Santuario y San Vicente para que determinen si se unen al Área Metropolitana del Valle de San Nicolás; el Tribunal Superior de Medellín ordena que ese proceso se concrete en un plazo de tres meses y subraya que el Estado debe garantizar las condiciones materiales para que la ciudadanía vote con plena información. Con esta resolución, el poder judicial reafirma que el derecho a la conformación del Área Metropolitana es una potestad ciudadana que el Estado está obligado a proteger y facilitar.
