Crisis política y tensiones marcan la salida de la presidencia de Gustavo Petro
La suspensión del último viaje de Petro a Estados Unidos, programado entre el 21 y el 23 de julio, dejó al descubierto el convulso remate del gobierno saliente a solo 17 días del traspaso constitucional. En lugar de cumplir los compromisos internacionales previstos en Washington y Nueva York, la Casa de Nariño confirmó en un comunicado oficial que el primer mandatario optó por “centrarse en el cierre de su administración” en medio de fuertes señalamientos sobre su gestión. La determinación de cancelar los encuentros con la OEA y la Misión Permanente ante la ONU se conoció inmediatamente después de su intervención ante el Congreso, escenario donde el gobernante destacó los “logros” de su administración en materia de economía, salud y seguridad.
Esta polémica modificación en la agenda responde al intento desesperado de Petro por impulsar sus reformas antes de su salida de la presidencia pautada para el 7 de agosto. Con el tiempo en contra, el saliente Petro instruyó a su gabinete para acelerar la discusión de iniciativas complejas como la reiteración de la reforma tributaria, la ley de jurisdicción agraria y la prohibición del fracking. Sin embargo, el panorama legislativo resulta adverso: Aunque el petrismo respaldó de forma implícita a Honorio Henríquez para presidir el Congreso y restarle maniobra al entrante presidente electo Abelardo de la Espriella, la mayoría parlamentaria ya proyecta alianzas con la nueva administración y no muestra disposición para aprobar el tercer intento de reforma al sistema de salud.
El trasfondo diplomático del último viaje de Petro evidencia un deterioro crítico en la relación bilateral con Washington de su figura mientras el apoyo norteamericano al Tigre se fortalece cada día. En sus discursos y redes sociales, Petro reiteró denuncias sobre supuestas “injerencias externas y el uso de algoritmos desde el exterior” para alterar los comicios, una tesis ampliamente desacreditada por investigaciones de la Procuraduría y la Registraduría. Más allá de la retórica, Gustavo Petro afronta una severa restricción legal: Aunque ingresó a territorio estadounidense amparado en la inmunidad de su cargo, su nombre permanece en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esta sanción de la ley estadounidense afecta también a la pseudo primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro Armando Benedetti, lo que privará al presidente saliente del fuero diplomático y comprometerá seriamente su estatus migratorio en suelo estadounidense una vez deje el poder, implicando que esta pudo ser su última oportunidad de hacer acto de presencia en el país.
Ante el complejo escenario jurídico e internacional que le espera tras su salida de la presidencia, Petro anunció un periodo de receso antes de retomar la actividad partidista. En medio del abierto desconocimiento a los resultados electorales por parte de sectores del gobierno, el propio Petro aceptó la propuesta supuestamente formulada por el senador Iván Cepeda para asumir el liderazgo del movimiento Pacto Histórico y estructurar la oposición. De esta manera, Petro concluye su mandato bloqueado en el Congreso, con serios cuestionamientos diplomáticos y bajo la sombra de sanciones financieras que limitarán drásticamente sus viajes al exterior en el escenario pospresidencial, mientras múltiples investigaciones en el territorio nacional y extranjero se preparan en su contra para el momento donde no goce de su actual investidura.
