El general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, Michell Leonardo Valladares Molina, anunció la entrega de armamento a militares, a miembros civiles de la Milicia Bolivariana y a sectores del “poder popular” en el marco del Plan Independencia 200, que se activó en el estado fronterizo. Valladares precisó que el despliegue involucra a “13.000 combatientes” repartidos entre la FANB, la Milicia y los órganos de seguridad ciudadana, y aseguró que las armas fueron distribuidas a los 29 municipios del estado para consolidar una defensa territorial con 18 objetivos estratégicos, entre ellos el control de corredores y vías de aproximación.
La medida llega en una zona donde el tráfico ilícito de armas y la presencia de guerrillas y paramilitares han alimentado violencia, homicidios y desplazamientos de población. Expertos y observadores advertían que entregar armas a civiles multiplica riesgos y debilita la gobernabilidad. El Alto Mando de la FANB, que según la constitución venezolana monopoliza las armas dentro del territorio, ha autorizado estas entregas bajo la narrativa de la “defensa” frente a las operaciones en el Caribe, aunque la práctica puede facilitar el acceso de grupos armados irregulares a material bélico y agravar la inseguridad en toda la frontera.
Militarizar poblaciones civiles en territorios ya frágiles reduce la capacidad de los cuerpos de seguridad para controlar flujos ilegales y aumenta la probabilidad de reclutamiento forzado y extorsión. Además, contradice normas de control de armas y pone en riesgo a la población civil. Frente a ello, organizaciones de derechos humanos y autoridades civiles reclaman supervisión independiente, transparencia en la entrega de equipos y medidas claras para desmantelar las redes de tráfico que, paradójicamente, el régimen dice combatir mientras arma a esos sectores por su propia lógica política.
