La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) negó el intento de bloqueo y marcó lo que muchos llaman la victoria de Pipe Córdoba: El 10 de diciembre de 2025 la entidad rechazó la petición de Sergio Fajardo Valderrama para suspender un video de TikTok de Carlos Felipe “Pipe” Córdoba dentro de la serie “Hidroituango: la historia”, preservando así la difusión de un contenido que aborda asuntos de interés público.
El argumento legal que sostuvo la decisión refuerza el triunfo por la libertad informativa: La SIC concluyó que la solicitud presentada el 4 de noviembre de 2025 no encajaba en la Ley 1581 de 2012 porque las cuentas personales en redes sociales no constituyen bases de datos reguladas, y que el material está protegido por la libertad de expresión al tratar temas de claro interés público y mencionar a figuras con proyección política. “La libertad de expresión prevalece. Los colombianos tienen derecho a conocer la verdad sobre Hidroituango, las pérdidas fiscales y los procesos penales en curso. Y Fajardo no puede apagar ese debate”, afirmó “Pipe” Córdoba, autor del video.
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Los antecedentes procesales y las cifras detrás del caso explican por qué la resolución tuvo impacto: La petición de Fajardo llegó en medio de una investigación penal abierta ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos relacionados con un crédito en dólares que habría generado un deterioro estimado en más de 320.000 millones de pesos para el departamento de Antioquia. El proceso está en primera instancia y aún no tiene sentencia. La SIC recordó además que “los debates sobre la veracidad de la información, el impacto reputacional o los límites del discurso político deben resolverse mediante los mecanismos judiciales adecuados”, y rechazó el uso administrativo de la ley de datos para retirar contenidos de interés público; un claro triunfo por la libertad comunicacional y de expresión.
La resolución tiene efectos prácticos y simbólicos que la comunidad y los medios interpretan como una victoria de Pipe Córdoba: La SIC afirmó que los contenidos que explican hechos investigados judicial o fiscalmente no pueden ser objeto de censura preventiva y subrayó que las figuras públicas deben responder con pruebas ante la justicia. “La Ley de protección de datos no es un instrumento para censurar investigaciones, tapar fallos ni proteger la imagen de funcionarios investigados”, añadió Pipe Córdoba, mientras la entidad instó a que las controversias se canalicen en sedes judiciales y no mediante la eliminación de narrativas en redes sociales.
